MASONERÍA Y REVOLUCIÓN: PROPIEDAD Y CAPITAL, JERARQUÍA, POLÍTICA, RELIGIÓN

La época de las grandes revoluciones puede entenderse como el momento en que las ideas que habían germinado durante décadas en las logias ilustradas encontraron finalmente un cauce histórico para transformarse en realidad política. 

En esos espacios de sociabilidad, donde un comerciante, un militar, un científico y un escritor podían sentarse como iguales, se discutían nociones que hoy nos parecen evidentes pero que entonces eran casi subversivas: la libertad como derecho natural, la igualdad jurídica entre los ciudadanos, la fraternidad como vínculo social que sustituía los privilegios de nacimiento, la educación como herramienta de emancipación y la razón como brújula para organizar la vida pública. 

Cuando esas ideas salieron de las logias y se mezclaron con las tensiones económicas, sociales y culturales del siglo XVIII, dieron lugar a los grandes movimientos que inauguraron el mundo contemporáneo. 

En Estados Unidos, los llamados Founding Fathers encarnaron este espíritu con una claridad casi pedagógica. Washington, Franklin, Hancock o Revere, todos ellos vinculados a la masonería, llevaron a la práctica un proyecto político que rompía con la monarquía hereditaria y proponía una república basada en la soberanía del ciudadano. 

La Constitución escrita, la separación de poderes, la libertad de prensa y de religión, la educación pública y la idea de que el poder debía estar limitado por leyes fueron logros que no solo fundaron un país, sino que ofrecieron al mundo un modelo de organización política moderno y estable. 

La independencia americana fue el primer experimento exitoso de un Estado construido sobre principios ilustrados, y su influencia se extendió rápidamente más allá de sus fronteras. En Francia, la Revolución tomó esas mismas ideas y las universalizó con una fuerza volcánica. Figuras como La Fayette, Bailly, Mirabeau o Talleyrand, todos ellos masones confirmados, desempeñaron un papel decisivo en los primeros momentos del proceso. 

La abolición de los privilegios feudales, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la igualdad jurídica, la laicidad del Estado y la educación pública como proyecto nacional fueron conquistas que transformaron no solo Francia, sino la manera en que Europa entera entendía la política.

Aunque la Revolución tuvo fases contradictorias y violentas, su legado intelectual es el nacimiento del concepto moderno de ciudadanía y la afirmación de que los derechos pertenecen al individuo por naturaleza, no por concesión del soberano. 

En Hispanoamérica, el eco de estas ideas se convirtió en un impulso emancipador. Bolívar, San Martín y Miranda, vinculados en mayor o menor medida a logias y sociedades patrióticas, llevaron el ideario ilustrado al terreno de la independencia. 

El fin del dominio colonial, la creación de repúblicas, la abolición de los privilegios de casta, la apertura de sistemas educativos y la expansión del concepto de ciudadanía fueron logros que transformaron el continente y lo integraron en la corriente de modernidad política que había nacido en el Atlántico norte. La independencia hispanoamericana fue, en esencia, la traducción de los principios ilustrados a una realidad social distinta, marcada por la diversidad étnica, la herencia colonial y la aspiración de construir naciones nuevas. 

Incluso en España, donde no hubo una revolución al estilo francés, el liberalismo gaditano de 1812 representó un intento serio de incorporar esos principios al orden político. Las Cortes de Cádiz, con numerosos diputados vinculados a sociedades ilustradas y logias, redactaron una constitución que afirmaba la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de imprenta y la abolición de la Inquisición. 

Aunque su vigencia fue breve, dejó una huella profunda en la historia constitucional española y en el imaginario liberal del siglo XIX. Si uno observa el conjunto, se ve con claridad que las logias no fueron conspiraciones ni centros de poder oculto, sino incubadoras de modernidad. 

Allí se ensayó por primera vez la idea de que los seres humanos podían organizar su vida política sin recurrir a la autoridad divina ni a la tradición feudal, que la razón podía sustituir al dogma y que la educación era la herramienta para construir ciudadanos libres. 

Las revoluciones fueron el momento en que esas ideas salieron de los templos simbólicos y se enfrentaron al mundo real, con sus tensiones, sus contradicciones y sus esperanzas. Y aunque cada proceso tuvo su propio ritmo y su propia violencia, todos ellos compartieron el mismo germen intelectual: la convicción de que la libertad, la igualdad y la fraternidad no eran solo palabras, sino principios capaces de transformar la historia. 

La modernidad nacida de las revoluciones ilustradas prometía libertad, igualdad y fraternidad, pero en su despliegue histórico dejó intactos elementos que hoy siguen condicionando la vida social. La masonería, como espacio donde se incubaron muchas de esas ideas, contribuyó decisivamente a derribar el Antiguo Régimen, pero también heredó y reprodujo estructuras que no fueron sometidas al mismo impulso transformador. 

El primer ejemplo es la consagración de la propiedad privada en Francia. La abolición de los privilegios feudales no eliminó la desigualdad material, sino que la reorganizó: el poder que antes residía en la nobleza y en la monarquía pasó a manos del capital. La igualdad jurídica convivió desde el principio con una desigualdad económica que no solo no se redujo, sino que se ha ampliado con el tiempo. 

La masonería ilustrada defendía la libertad civil, pero nunca articuló un proyecto económico igualitario; muchos de sus miembros pertenecían a las élites propietarias y vieron en la propiedad privada un principio natural, casi sagrado. 

El resultado es que el ideal de igualdad quedó en el plano moral y jurídico, pero no se tradujo en una transformación profunda de la estructura económica. Dos siglos y medio después, la distancia entre ricos y pobres es mayor que nunca, y la promesa ilustrada de una sociedad de ciudadanos iguales se ha convertido en una aspiración más que en una realidad. 

El segundo punto es la paradoja de la jerarquía interna. La masonería abolió la nobleza hereditaria y defendió la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero mantuvo en su interior un sistema de grados, niveles y reconocimientos que reproduce una estructura jerárquica. Esta jerarquía no es feudal ni económica, pero sí simbólica y organizativa, regida por un juramento de obediencia. 

En teoría, los grados representan etapas de conocimiento y perfeccionamiento moral; en la práctica, funcionan como una estructura de autoridad interna que puede volverse rígida, conservadora y poco permeable al cambio. 

La masonería se concibe como una escuela de virtud, pero su organización puede generar un poder discreto que influye en la vida pública sin mecanismos claros de transparencia. 

No es un “poder oculto” en el sentido conspirativo, pero sí un espacio donde se articulan redes de influencia que no siempre son visibles para la sociedad. Esto crea la sensación de que existe una segunda jerarquía paralela a la política, más estable y menos sometida al escrutinio público. 

 El tercer aspecto es la relación entre masonería y política. Aunque las logias prohíben discutir política partidista en su interior, muchos de sus miembros han tenido roles decisivos en la vida pública. La contradicción aparece cuando el ideal de razón, debate y progreso no se percibe en la sociedad en la misma medida en que se proclama en los templos. 

La modernidad política que nació en ambientes ilustrados se ha convertido, con el tiempo, en un sistema institucional rígido, donde los cambios profundos son difíciles y donde las élites —políticas, económicas, culturales— tienden a proteger sus posiciones. 

La democracia representativa ofrece participación formal, pero no siempre participación real. El ciudadano vota -mete un papel en una urna, normalmente a la opción menos lesiva- cada cierto tiempo, pero las estructuras de poder permanecen estables, y quienes las ocupan rara vez impulsan transformaciones que puedan reducir sus privilegios. La promesa de un mundo gobernado por la razón se ha visto limitada por la inercia de las instituciones y por la tendencia natural de cualquier élite a conservar su posición. 

 El cuarto punto es la relación con la religión. La masonería ilustrada defendió la libertad de conciencia y la tolerancia, pero evitó confrontar directamente los dogmas religiosos. En parte por prudencia, en parte por estrategia, aceptó miembros de todas las confesiones y evitó debates teológicos que pudieran fracturar la fraternidad interna. 

Esto tuvo un efecto ambivalente: por un lado, permitió la convivencia de personas con creencias distintas; por otro, dejó sin abordar la crítica racional de los dogmas que seguían influyendo en la sociedad. 

La masonería no es una institución religiosa, pero tampoco impulsó una alfabetización simbólica que ayudara a la sociedad a distinguir entre mito, metáfora y literalidad. 

El resultado es que la modernidad convivió con formas de pensamiento religioso que no fueron sometidas al mismo escrutinio racional que la política o la ciencia. La idea de un principio rector del universo puede ser compatible con la razón, pero la interpretación literal de textos religiosos no lo es.

 

La masonería preservó tradiciones herméticas y simbólicas, pero no las compartió con la sociedad en general, creando una distancia entre la educación racional que promueve internamente y la educación confesional que predominó en muchos países durante siglos y aún continua en el nuestro y en el resto del mundo. 

 En conjunto, lo que emerge es una modernidad incompleta. Las revoluciones ilustradas transformaron la política, pero no la economía; abolieron la nobleza, pero mantuvieron jerarquías simbólicas; defendieron la razón, pero evitaron confrontar los dogmas; proclamaron la igualdad, pero no alteraron las estructuras que generan desigualdad. 

La masonería fue una fuerza decisiva en la construcción del mundo moderno, pero también heredó limitaciones de su tiempo y, en algunos casos, contribuyó a consolidar estructuras que hoy dificultan nuevas transformaciones. 

No se trata de acusar ni de idealizar, sino de reconocer que la modernidad es un proyecto inacabado y que las instituciones que la impulsaron tienen la responsabilidad de seguir promoviendo el espíritu crítico, la educación racional y la apertura al cambio. 

Si la razón es un don humano, entonces su ejercicio debe ser universal, no restringido a círculos selectos. Y si la fraternidad es un principio, debe traducirse en una sociedad donde el conocimiento, la libertad y la igualdad no sean privilegios, sino bienes comunes.